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Nada que celebrar este 6 de Diciembre

El 6 de diciembre de 1978, se aprobó una constitución. No era, ni mucho menos, una constitución perfecta. Es más, la constitución del 78 distaba mucho de ser el modelo de constitución que yo defiendo (establecía la monarquía como modelo de estado, no garantizaba la separación de poderes, establecía la circunscripción provincial…). Pero, a pesar de todo, si el 6 de Diciembre de 1978, yo hubiera tenido 18 años, habría votado a favor de esa constitución.

Eran tiempos difíciles. España salía de una terrible dictadura, en la que todo aquel que no pensase igual que las fuerzas dominantes, era asesinado. Tras la muerte del General Franco, y el inicio del proceso de apertura democrática, se llegó a un cuasi-pluralismo político (los partidos con la denominación “republicano” en su nombre seguían sin ser legales, al igual que el Partido Carlista), y, finalmente, se convocaron unas elecciones a cortes, las cortes que, más tarde, redactarían la constitución.

La izquierda no podía exigir mucho, dada la situación de la que venía, pero, aún así, consiguió incluir en la constitución grandes avances sociales. Esto hizo que, el 6 de diciembre de 1978, millones de socialistas, republicanos, laicistas, federalistas…en definitiva, personas que, de ningún modo veían en ese texto el modelo constitucional que ellos deseaban, acudieran a votar Sí en el referéndum de la constitución.

Luego vimos que, en la realidad, esa constitución se aplicaba muy poco. El derecho a la vivienda digna era una utopía, la ley electoral establecía un sistema de recuento de votos no proporcional, durante muchos años, los sacerdotes no pagaban impuestos…en definitiva, había muchos artículos de la constitución que no se cumplían. A medida que nos íbamos dando cuenta de esto, nos íbamos desengañando. Esta no parecía ser la democracia que nos habían vendido. Pero esto no fue suficiente para el PPSOE (que, en la práctica, ostentaba el título de partido único del régimen, e impedía el cumplimiento efectivo del pluripartidismo que promulgaba la constitución), así que el 23 de Agosto de 2011 se propone una reforma constitucional, que fija el techo de déficit de las Comunidades Autónomas (que son los entes administrativos que tienen las competencias de educación, sanidad, dependencia…). Esto supone, en la práctica, una ruptura total con los principios sociales que la izquierda consiguió imprimir en la constitución del 78. No por que elimine los artículos que hablan de estos derechos, sino por que los hace, sencillamente imposibles de pagar. Esto supone de facto una ruptura del consenso constitucional, y una reforma en los aspectos básicos de la constitución. Esta ya no es la constitución del 78. Por eso no tenemos nada que celebrar este 6 de Diciembre.

Por todo ello, yo, como ciudadano del Estado español que ha sido vilmente estafado por estos canallas, como hombre de a pie al que le han cambiado la constitución sin preguntarle, como persona de izquierdas que aceptaba una constitución aprobada en referéndum a pesar de que no me gustaba, me opongo firmemente a la nueva constitución Agostina. No la acepto, no la asumo, y no la acato. Seguiré siendo un honrado ciudadano que viva bajo las normas de la constitución de 1978. Mi objetivo no es, ni mucho menos, rebelarme contra una constitución en nombre de otra cuyo contenido me guste más. Si así fuera, no me retrotraería a la constitución del 78, sino a la del 31. Simplemente no acato una constitución impuesta, que no considero legítima, por no contar con el respaldo de la ciudadanía, y por tanto, me quedo en el último marco constitucional refrendado, que es el de 1978.

PD: Si os ha interesado este artículo, quizá os interese también este otro: http://franrey.blogia.com/2011/083101-el-reformazo.php#comentarios

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EL REFORMAZO

El 20 de Noviembre de 1975, fallece en la cama y sin ser juzgado, el dictador Francisco Franco. Después de su muerte, se inicia un proceso que pasa por la convocatoria de unas elecciones y culmina en la redacción de la Constitución Española  de 1978. Las elecciones no fueron del todo limpias (no se permitió que se presentasen muchos partidos, cono la histórica Izquierda Republicana de D. Manuel Azaña), y el proceso constitucional estuvo marcado por la cesión de las izquierdas, ante el miedo de un golpe de estado, lo cual permitió que se aprobaran algunas de las partes más conservadoras de la constitución, como la monarquía designada por Franco, la no abolición total de la pena de muerte (que la constitución permite en caso de guerra, aunque no mientras esté vigente la Ley Orgánica 11/1995), la inexistencia de una verdadera separación de poderes, y otros aspectos. La constitución era, aunque enormemente aperturista con respecto al régimen anterior, claramente conservadora. Así, la derecha, que partía del juego con ventaja (pues jugaba con cartas heredadas del franquismo que no estaban en la baraja) consiguió imponer el marco en el cual se tenía que desarrollar el futuro democrático del país.

Constitución Española original (con el Águila de San Juan)

Pocos años después de la aprobación de la constitución, el principal partido de la izquierda, el PSOE, comienza, con al abandono del marxismo, el principio de un viraje ideológico que le sitúa en la derecha económica y, finalmente, también en la derecha política. Y aquí es cuando los endebles cimientos de nuestra democracia se vienen abajo. El PP y el PSOE forman una pinza para “sortear ligeramente” los artículos más progresistas de la constitución, convirtiendo en papel mojado todo lo que significaba derechos, pero defendiendo férreamente los privilegios de las clases dominantes.

Pero pasó el tiempo, y el viraje hacia la derecha del binomio PP-PSOE siguió aumentando cada vez más. Hasta que llegó un momento en que se situaron tan a la derecha, que aquella constitución parcialmente conservadora de 1978, les quedaba excesivamente a la izquierda. Ya no podían “sortear ciertos artículos”. Había que empezar a reformarla. Y así es como un martes 30 de Agosto se aprueba en el parlamento el primer trámite para una reforma constitucional que cuenta únicamente con el apoyo del PP y el PSOE. Este nuevo pacto PP-PSOE que, por cierto, se gestó en tan solo 48 horas y marginando a los demás grupos parlamentarios, solo fue posible gracias a la sobrerepresentación que tienen estos partidos gracias a la Ley Electoral (una ley que contradice uno de esos artículos “sorteables” de la constitución), que otorga a estos dos partidos un número de escaños mucho mayor del que les correspondería por su número de votos. El objetivo de esta reforma es, como ya se veía venir, situar a la constitución más a la derecha, y recortar aún más el poco Estado del Bienestar que nos quedaba. Por si fuera poco, ni si quiera se dignan a consultar a la ciudadanía en referéndum si quieren que se lleve a cabo esta reforma de la constitución –la ley máxima del estado español- que ningún partido llevaba en su programa electoral.

Pero… ¿En qué consiste realmente esta reforma de la constitución? Básicamente lo que hace es limitar el gasto que pueden realizar las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias de educación y sanidad (entre otras). De esta forma, se consigue gastar menos dinero púbico en dos de los pilares básicos del Estado del Bienestar (además de muchas otras cosas como la construcción de bibliotecas, museos, infraestructuras…). Eso sí, lo que esta reforma NO hace es eliminar la duplicidad de competencias, propia de un estado con un modelo territorial tan difuso como el nuestro, y que supone un enorme derroche de fondos públicos, no se suprimen las partidas para la Iglesia ni los centros concertados, no se baja el salario del Rey (que, mensualmente, es de 120 millones de las antiguas pesetas), ni se eliminan los salarios vitalicios del presidente y sus ministros, tampoco se suben los impuestos a los ricos, que SON LOS QUE MENOS IMPUESTOS PAGAN, ni se pone un impuesto especial a la banca, que, además de haber causado la crisis, se está lucrando a su costa.

En definitiva, bajo el falso pretexto de la eficiencia (las medidas que he citado antes serían mucho más eficientes), se reforma la constitución para reducir los derechos de los ciudadanos, pues unos servicios públicos de menor calidad (que es lo único que esta reforma va a generar) se traducen en una menor prestación social para el trabajador, para el hombre de a pie, que es el que paga los impuestos que mantienen este país.

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